La fiscal Alicia Sapriza, de la Unidad Especializada de Crimen Organizado, encabezó el allanamiento en la sede de la Dirección del Material Bélico por un supuesto “Quebrantamiento del Depósito de armas”, que son productos de otras investigaciones.

En ese sentido, la agente fiscal solicitó traer a la vista armas incautadas anteriormente, en un procedimiento de 2018, que fueron productos de comiso bajo orden judicial, en una causa de Crimen Organizado relacionada al grupo criminal de Marcelo Piloto.

La representante del Ministerio Público realizó dicha solicitud atendiendo que una pistola de la marca Glock, calibre 9 X 19 mmm, fue hallada e incautada nuevamente en fecha el pasado 25 de marzo de 2021, durante otro allanamiento llevado a cabo en la ciudad de Luque, en el que fue detenido Freddy Esteban González, presunto sicario del grupo de Jorge Teófilo Samudio, alias Samura.

Tras el allanamiento en la Dimabel, fueron retiradas bajo acta, todas las armas pertenecientes al lote incautado en 2018, a fin de contrastar y verificar otras armas y/o piezas faltantes, por tanto serán sometidas nuevamente a peritajes.

En la noche de ayer se produjo un incidente que casi acaba en tragedia en el interior del Hospedaje Asunción, ubicado en cercanías de la Estación de Buses de Asunción (ex Terminal de Ómnibus).

Resultó víctima de este hecho Luis Andrés Vergara Sánchez (29), quien recibió una puñalada de parte de su pareja sentimental, Jennifer Magalí Caballero Leiva (27).

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De acuerdo al reporte, la mujer llegó hasta la habitación donde se encontraba hospedado Vergara y lo encontró en compañía de su amante, identificada como Aldana Abigail Genez Amarilla (21), quien era amiga suya.

Al descubrir la infidelidad y presa de la ira, Caballero decidió extraer el cuchillo que había llevado consigo y apuñaló a su novio a la altura del pecho, provocándole una herida.

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Tras el incidente, la víctima fue trasladada al Hospital de Trauma para recibir atención médica, mientras que su atacante fue detenida y posteriormente remitida a la Comisaría 15 de Asunción.

Por su parte, la tercera involucrada en este triángulo amoroso -quien recibió una estocada en el brazo- también fue demorada por la Policía, ya que había violado el arresto domiciliario que pesaba en su contra.

Durante la reunión del Consejo de ministros realizada este lunes en el Palacio de Gobierno, el titular de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez dio los informes relacionados a su cartera en los últimos meses.

Se les está dando trámite de prioridad a las conversaciones relacionadas ala política energética nacional e internacional.

“En breve vamos a concluir algunos aspectos que, oportunamente, usted mismo los va a anunciar, señor presidente, en lo que se refiere a Itaipú binacional y Yacyretá y a los programas de inversiones extranjera”, comentó Ramírez, durante su intervención.

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Desde abril se sostiene que el Gobierno anunciará la tarifa 2024 de Itaipú, sin embargo, las semanas siguen transcurriendo y hasta el momento, la entidad continúa sin tarifa.

No obstante, se conocen algunos detalles. La tarifa acordada regirá por dos años, periodo en el que se pretende tener las condiciones óptimas para negociar el Anexo C. También se conversa sobre el plan operativo de la binacional.

El Anexo C del Tratado de Itaipú establece las bases financieras del funcionamiento de la entidad. El 13 de agosto del 2023 se cumplieron 50 años de la firma y con esto, el plazo para el inicio de la revisión de ese aspecto.

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La fiscal Cinthia Leiva Cardozo acusó a Fabio Martín Bravo González, quien en su calidad de vicedirector de operaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este, habría acosado sistemáticamente a dos subalternas. El requerimiento conclusivo, por acoso sexual y coacción, fue presentado en el Juzgado de Garantías Nº 4, a cargo de la magistrada Alba Meza.

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Según la investigación, los acosos ocurrieron de manera sistemática entre los años 2012 y 2020 en el interior del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la capital del Alto Paraná. El imputado supuestamente acosaba y exigía a las víctimas mantener relaciones sexuales con él a cambio de seguir en la institución y obtener varios beneficios (dinero, regalos y teléfonos celulares) si accedían a sus pretensiones.

Ante la negativa, el acusado manoseaba a la fuerza a las jóvenes, a quienes además sometía a maltratos verbales y las obligaba a realizar ejercicios físicos como castigo. Igualmente, utilizaba un lenguaje soez para referirse a ellas, señalando incluso las posiciones sexuales a las que querría someterlas.

Las víctimas incluso se vieron obligadas a renunciar quedando con secuelas psicológicas debido a los constantes hostigamientos, según el dictamen de una profesional del Centro de Atención a Víctimas.

Las afectadas decidieron denunciar el caso inicialmente ante los directivos del Cuerpo de Bomberos y luego oficializaron la acción ante el Ministerio Público, que inició la investigación contra el presunto responsable.

Finalmente, la fiscal Cinthia Leiva acusó a Bravo González y solicitó la elevación de la causa para ser debatida en juicio oral.